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La mayoría de las personas que consideran necesario y urgente conceder derechos a los animales no humanos (al menos a algunos de ellos) para garantizar su integridad física y emocional, adoptan esta postura desde un plano intuitivo. El grueso de la sociedad considera que “está mal” causar daño a los animales, pero no se trata de una afirmación fundada en argumentos razonados. Si asumimos que es incorrecto actuar de forma violenta contra otros (en este caso contra los animales) deberíamos fundamentar nuestra postura con unas bases argumentales sólidas y coherentes. La pregunta directa debería ser del tipo “¿Cuál es la razón exacta por la que está mal dañar a los animales?”  Desde nuestro punto de vista, existirían tres razones de base a partir de las cuales la defensa de víctimas inocentes (independientemente de su especie biológica, pero aquí referidas a los animales no humanos) adquiriría pleno sentido. Son las siguientes:
Existen numerosas situaciones de resultas de las cuales se produce una violencia de dimensiones extraordinarias hacia los animales. Las áreas de explotación son muy diversas, y van desde aquellas familiares para el gran público (corridas de toros, abandonos), hasta otras más sutiles, como la publicidad o el espectáculo del circo. Los animales no humanos son seres vivos dotados de sensibilidad, y por tanto son capaces de experimentar dolor físico y de sufrir intensamente. Todos los indicios que tenemos desde el conocimiento humano apuntan en este sentido, y nadie (excepto alguien interesado en negar la evidencia) puede obviar esta realidad. Lo seres humanos adultos racionales somos individuos éticos. Ésto implica que poseemos una capacidad para hacer juicios de valor sobre nuestros actos, que clasificamos, a grandes rasgos, en “buenos” o “malos”. Esto nos obliga de alguna manera a procurar evitar el daño innecesario causado a los demás. A poco que se reflexione sobre estos tres preceptos básicos, hemos de concluir que son igualmente aplicables a las situaciones violencia entre humanos. Pero, no obstante, podemos hacer un ejercicio de razonamiento práctico. Ante la mera hipótesis de que uno sólo de los citados puntos no existiera, carecería de sentido hablar en términos de “injusticia”, “mal” o “bien”. Si, pongamos por caso, dándose los puntos 2 y 3, no se diera ninguna circunstancia en la que maltratáramos a los animales, ¿cuál sería el problema? Si son los puntos 1 y 3 los que tenemos pero desaparece el 2, no sería peor darle una patada a un perro que a una piedra, puesto que los perros no tendrían sensibilidad alguna (como de hecho les sucede a las piedras). Si es el 3 el punto que hacemos desaparecer, ¿quién podría reprochar su “mal comportamiento” con un animal a alguien que no posee conciencia moral? Si una persona de estas características maltrata a un ser sensible, podríamos calificar tal acto de indeseable, pero no se lo reprocharíamos a quien lo lleva a cabo, por su incapacidad para comprender la naturaleza de sus actos. De todo ello se deduce que las razones por las que consideramos condenable causar daño gratuito a un hombre o a una mujer son exactamente las mismas que nos llevan a rechazar la agresión hacia el resto de los animales.
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Ésta puede parecer una pregunta estúpida, pero, a poco que reflexionemos sobre ella, comprobaremos que no lo es tanto.
En realidad, cuando utilizamos genéricamente el término “animales”, podemos estar refiriéndonos a, al menos, dos grupos zoológicos bien distintos, por las acotaciones que hacemos del mismo. En un sentido biológico, nosotros (los humanos) somos animales, tanto como puedan serlo las hormigas, los orangutanes o los peces. En un plano cultural, utilizamos el vocablo “animales” tan solo para designar a los animales no humanos. Esta realidad puede no parecer más que un capricho lingüístico, pero lo cierto es que refleja como pocas la actitud “distante” que inconscientemente tratamos de mantener con el colectivo referido. La acepción cultural del término “animales” no tienen entidad alguna, pues carece de todo sentido que nos empeñemos en mantener cohesionado a un grupo en el que lo mismo caben los insectos (de los que nos separa una gran barrera, filogenéticamente hablando) que los chimpancés, cuyo material genético es idéntico al nuestro en un 98%.
 Lo cierto es que podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que, en tal sentido, los animales “no existen”, al menos no como grupo natural y homogéneo. Estaríamos, por lo tanto, ante un colectivo ficticio por absurdo. Y ello no tendría mayor importancia si no fuera porque le aplicamos connotaciones morales, reduciendo a quienes lo componen al estatuto de mera “mercancía”, con los devastadores resultados que todos conocemos.
Al filo de toda la reflexión anterior, y a modo de refuerzo argumental, cabe destacar que no podemos establecer una sola afirmación moralmente relevante que sea aplicable a todos y cada uno de los animales no humanos, y que al mismo tiempo no pueda servir para, al menos, algunos seres humanos. Si conoces alguna, háznoslo saber.
Hablar acríticamente de “animales” implica, además de prostituir el lenguaje, perpetuar la condición a la que han sido condenados por nuestra cultura. Por ello, desde el Movimiento Animalista, y a falta de un término sencillo para designarlos, introducimos ocasionalmente expresiones que se adecuan con mayor precisión a la realidad, como pueden ser la de “animales no humanos”, que compaginamos con la tradicional por cuestiones de tipo práctico.
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Aproximarnos a la cuestión de “los derechos de los animales” no requiere en sí mismo herramientas analíticas diferentes a las empleadas para abordar el tema de “los derechos humanos”. Ambas expresiones conjugan dos términos. Y uno de ellos, además, compartido. Ya hemos expuesto algo sobre el confuso término “animal”, que en este contexto nos remite a los ya conocidos “animales no humanos”, por lo que parece apropiado enjuiciar la palabra clave en este debate: los derechos. Lo primero que cabe decir al respecto es qué el término “derecho” es en realidad la representación lingüística de una intuición moral. El derecho no es algo físico, como no lo es el amor, la solidaridad o el deseo. La realidad fáctica del derecho surge de la propia naturaleza humana. Es incuestionable que todas las sociedades se organizan social y políticamente de alguna manera, y es un común denominador establecer normas de relación, como pueden ser determinadas obligaciones, permisos o prohibiciones.
Como seres morales, tendemos a clasificar nuestros actos fundamentalmente en dos categorías: buenos y malos. O, expresado en otras palabras, deseables e indeseables, siempre en función de las consecuencias que se deriven de ellos para los miembros de la comunidad. Estos valores son un elemento constante en todas las sociedades humanas, y su vida cotidiana gira en torno a ellos.  Es imprescindible resaltar el hecho de que, casi sin excepciones, se asocie lo bueno (deseable o digno de ser potenciado) con el placer, con las sensaciones agradables, con aquello que hemos calificado como “bienestar”, en definitiva. Por el contrario, lo malo (indeseable) va parejo al sufrimiento en cualquiera de sus formas o grados. Como quiera que los seres humanos hemos desarrollado la misma facilidad para establecer normas de conducta que para transgredirlas, la sociedad trata de disuadir a sus miembros de cometer actos indeseables, estableciendo una serie de penas y castigos, advirtiendo por tanto a quien corresponda de los riesgos que asume si viola las leyes vigentes. Éste es uno de los pilares en los que se asienta el fundamento del derecho: la prohibición. El otro, más importante si cabe, lo encontramos en la protección. Si tuviéramos que aportar una equivalencia simbólica a la idea del derecho, con toda seguridad la hallaríamos en estos dos vocablos. Siempre que se asume la concesión o posesión de derechos, se está implícitamente prohibiendo a alguien que los viole, y es así porque entendemos que determinadas cosas, situaciones o individuos deben ser protegidos.
La idea básica del significado y propósito del derecho apenas necesita unas líneas. Cuando consideramos que está mal causar daño corporal a una persona determinada, lo resumimos diciendo que esa persona “tiene derecho a la integridad física”. Es decir, asumimos como justo que su bienestar “debe ser protegido”, para lo cual establecemos una serie de garantías, prohibiciones e imposiciones de penas para los infractores. De forma paralela, cuando los animalistas afirmamos que deberían ser reconocidos los derechos de los loros, estamos pidiendo sencillamente que se les proteja de posibles agresiones humanas, mediante la prohibición en el ordenamiento jurídico de cualquier acto que atente contra su bienestar, su vida o su libertad, dado que, en caso contrario, permitiendo su captura y comercio, tal y como se hace en la actualidad, estaremos causándoles estados severos de sufrimiento gratuito. A primera vista, es tan simple como parece. Pero hablar de derechos implica descender a casos concretos y aceptar determinadas premisas. Los derechos sólo adquieren significado práctico en un marco referencial adecuado. Así, hablar de derechos sólo adquiere sentido cuando existe una clara diferencia entre tenerlos y no tenerlos. El derecho a la integridad física es importante para una mujer o para un ave, porque son seres sensibles, pero a una caja de cartón “le da igual” la forma en que la tratemos, pues no es capaz de sufrir.
A pesar de que muchos de aquellos que se muestran reacios a la idea de conceder derechos oficiales a los animales no humanos basan sus tesis en la idea de que quien no tiene obligaciones no puede tener derechos, se trata de una suposición absurda, como lo demuestra el hecho de que a sectores sociales importantes, como los niños pequeños o las personas afectadas de minusvalías psíquicas severas no se les exigen obligaciones, lo que no impide que, afortunadamente, gocen de una amplia gama de derechos básicos.
Otros profesionales del pensamiento apoyan su reticencia al reconocimiento de derechos más allá de la humanidad en un hecho meramente lingüístico. En efecto, no son pocos los teóricos que admiten sin titubeos ciertos deberes humanos para con los animales. Aceptan como virtuosa una cierta obligación moral a tratarlos correctamente, no causarles daño o quitarles la vida de forma gratuita, pero a continuación se resisten a admitir que de ello se derive la posesión de derechos. Entonces, ¿qué se deriva? Tal vez nos incomode ceder privilegios a seres no humanos, pero eso sólo demuestra que nos incomoda, no que debamos negárselos. Reconocer derechos a humanos negros, hembras u homosexuales fue (y aún hoy sigue siendo) una idea turbadora en multitud de sociedades a lo largo de generaciones. El mero hecho de que utilicemos con absoluta comodidad el vocablo derechos en el área humana y nos lo quitemos de encima de un manotazo tan sólo con traspasar la barrera virtual de la especie, resulta, cuando menos, sospechoso. Es interesante recordar que el fundamento práctico de los derechos tiene sobre todo un carácter previsor. La idea del derecho adquiere sentido en la medida en que contemplemos la posibilidad de que alguien se beneficie de él. En definitiva, de que pueda ser de aplicación en un momento dado para salvaguardar algo valioso.
Al final, que concedamos o no ciertos derechos básicos a comunidades zoológicas que hasta ahora carecían de ellos, depende en buena medida de la aplicación de virtudes como el sentido común y sobre todo la generosidad. Un adecuado equilibrio entre ambas no nos puede dejar muy lejos de la justicia.
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Estamos ante uno de los vocablos menos conocidos por el gran público y que, sin embargo, esconde tras de sí la forma de discriminación más extendida y devastadora que existe. La mayoría de la gente tiene una noción aproximada de lo que significa ser racista, clasista o machista: discriminar injustamente a otros (seres humanos en este caso) apelando a la raza, clase social o género. Salvo quienes asumen como justificadas estas formas de discriminación arbitraria, lo normal es que tales actitudes sean duramente criticadas por la sociedad en general, sobre la base de que el mero hecho de ser negro, pobre o mujer no es motivo suficiente para negar derechos fundamentales, como el derecho a la vida o a no ser agredido.
Sin embargo, se da la circunstancia de que la práctica discriminatoria más extendida entre los seres humanos es asumida por la ciudadanía en pleno, incluida la inmensa mayoría de quienes se oponen con vehemencia a actitudes como las antes mencionadas. Somos especistas cuando justificamos e incluso defendemos formas de agresión en animales que condenaríamos si las víctimas fueran hombre o mujeres, o cuando hacemos lo propio con unos animales respecto a otros, posicionándonos a favor de las corridas de toros pero criticando que alguien propine una patada a un perro.
 La peregrina idea de que “no son humanos” suele presentarse como suficiente a la hora de legitimar las más atroces torturas a millones de animales, en muchos casos hasta la muerte, para satisfacer nuestro capricho por un determinado sabor, una determinada estética o una determinada forma de ocio.
El especismo es hoy la base ideológica sobre la que se sustenta el fenómeno de violencia organizada más devastador que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Mientras las sociedades esclavistas o el Holocausto nazi pertenecen afortunadamente a un oscuro pasado, la mayoría de nosotros seguimos participando y/o justificando el crimen cotidiano y masivo de los mataderos, de los hipódromos, de los circos, de las granjas peleteras, de los zoológicos, de las perreras, de los laboratorios, de las plazas de toros, de las tiendas de mascotas, de la caza, de la pesca o de las naves de engorde rápido.
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La existencia fisiológica del dolor juega un doble papel de ángel y de demonio al mismo tiempo. Afortunadamente, nos duele cuando nos pinchamos con una aguja, pero no es su función de alarma el aspecto que nos interesa del fenómeno del dolor, sino aquel que se inflige por motivos que bien podríamos evitar si estuviéramos interesados en ello. Es ese dolor gratuito el que se nos muestra como perverso, y por lo tanto condenable.  Por otra parte, y aunque un sector residual de la población parece anquilosado en las tesis cartesianas que ven a los animales como autómatas sin sentimientos ni emociones, por lo general triunfa la idea de que sensaciones como el dolor o el placer no son privativas de los seres humanos, y de que, más allá de nuestra especie, cumplen la misma función y proporcionan los mismos resultados.
En tal sentido, creemos que una de las principales reflexiones de la causa animalista debe ir encaminada a transmitir la idea básica de que no existe un dolor que podríamos denominar “humano” y otro “animal”, como si de fenómenos distintos se tratase. Sólo existe el sufrimiento, la terrible experiencia del dolor gratuito, tan indeseable para unos como para otros, sin que cuestiones como la especie biológica a la que pertenece la víctima tengan aquí la menor importancia. Aceptado este principio, el reconocimiento teórico de las obligaciones humanas para con el resto de seres sensibles no puede quedar muy lejos. Mientras no asumamos (y por lo tanto superemos) esta evidencia, el discurso animalistas adolecerá de un serio hándicap a la hora de transmitir su mensaje.
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Estos dos factores resultan de vital importancia a la hora de evaluar la naturaleza criminal de nuestro comportamiento agresivo hacia los demás en general y hacia los animales en particular.  Que no podemos hacer la misma valoración ante diferentes actos violentos lo demuestra el hecho de que determinadas formas de agresión son aceptadas por la sociedad en pleno, y por la realidad jurídica como reflejo de la misma. La violencia queda justificada cuando es legítima. Pero, ¿cuándo podemos estar en disposición de afirmar que algo objetivamente indeseable y cuyos efectos son siempre perniciosos como causar daño, se vuelve comprensible hasta el aplauso? Parece claro que estamos hablando de legítima defensa, bien esté orientada a salvaguardar intereses propios o ajenos. Si existen verdades universalizables, ésta debe ser sin duda una de ellas. Cualquiera de nosotros entendería que alguien agreda a otro si éste afecta de manera clara e injusta a su seguridad o a la de los suyos. Y se espera de un juez imparcial que asuma la legítima defensa como eximente a la hora de emitir el veredicto. No importa que el agresor sea perro o albañil, león o doctora, serpiente o frutero. La legítima defensa, siempre que se utilice un grado de violencia proporcionado a la situación, queda legitimada.
Uno de los factores que agravan el hecho cotidiano y palpable de la agresión institucionalizada a los animales pasa por el reconocimiento de que, en la práctica totalidad de los casos, no se puede culpar a sus protagonistas de nada. Los corderos no nos atacan como para que tengamos que defendernos de ellos cortándoles el cuello. Las perdices no afectan a nuestros intereses primarios como para emprenderla a tiros con ellas. Los caballos a los que obligamos a competir en las carreras hasta el límite de sus fuerzas no nos han hecho nada que justifique tal castigo. Muy al contrario, si de autodefensa cabría hablar, sólo podría hacerse cuando el toro empitona a su torturador y lo lanza por los aires para que le deje en paz. La cruda realidad es que sojuzgamos y matamos a los animales porque nos creemos con el derecho a hacerlo, en función de algo tan inconsistente como es pertenecer a una especie determinada. Es así de simple e indignante. Pero existe todavía un elemento teórico más para condenar la agresión diaria a los animales: el severo estado de indefensión en el que se encuentran. Y se trata, además, de una indefensión que rebasa lo físico y se sustenta en lo intelectual. Un ejemplo puede ayudarnos a entenderlo. Intentemos denunciar un caso de malos tratos ante la policía, y cuando el agente de turno nos pida la descripción del perro o gato víctima de los gamberros, respondámosle que se trata de toros y que los hechos transcurren en una plaza redonda llena de público. Seremos nosotros los denunciados por gastar bromas a las fuerzas del orden.
Si la víctima de un acto de violencia, independientemente de su sexo, edad o especie, es inocente, tal acto se convierte en injustificado. Y si a ello añadimos el hecho de que se encuentra indefensa, estamos sin ningún género de dudas ante un comportamiento perverso.
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Con frecuencia, el discurso animalista recurre a expresiones como ésta para transmitir la idea de que la mayor parte de las situaciones en las que provocamos sufrimiento a los animales no humanos se enmarca en contextos evitables. Si adoptásemos una actitud mínimamente respetuosa hacia ellos, no agujerearíamos sus cuerpos con arpones metálicos hasta matarlos, ni los pasaríamos a cuchillo en masa con el sólo propósito de dar gusto a nuestros paladares. Ni una cosa ni otra pueden ser calificadas como “necesidades irrenunciables”. Todas aquellas personas que se abstienen de asistir a corridas de toros o de incluir animales en su dieta, no hacen sino mostrar un profundo respeto por el dolor ajeno, adoptando un compromiso personal de no colaboración con la tortura pública o con el crimen organizado.  Defender la idea de que toda violencia es condenable parece sugerente si nos acercamos a ella de una manera superficial, pero poca gente defenderá tal cosa hasta sus últimas consecuencias. Muy al contrario, la mayoría de nosotros aceptará como razonable el empleo de un grado de violencia proporcional a la situación que trata de evitar. Si un buen golpe en la cara impide el linchamiento de una persona inocente, ¿quién no lo aplaudiría? Y si la única alternativa a la muerte segura de toda una clase de niños retenidos por un perturbado es acabar con la vida de éste, ¿alguno de nosotros elegiría la primera opción? La violencia puede no ser deseable (asumiendo la hipótesis de un mundo ideal), pero con frecuencia se muestra como una herramienta más para resolver determinados conflictos.
Sin embargo, la casi totalidad de las situaciones en las que agredimos brutalmente a los animales de nuestro entorno no puede ser calificada como autodefensa, sino que responde a los caprichos más triviales: preferencia por un determinado sabor, por un determinado espectáculo o por una determinada forma de vestir. Es en este sentido en el que los malos tratos que a diario infligimos a los animales son absolutamente gratuitos. Lo son en su calidad de prescindibles, como lo demuestra el hecho de que todas y cada una de las personas que formamos parte del mundo industrializado no colaboramos con una amplia gama de situaciones de explotación animal: nadie come animales, abandona a su gato, asiste con regularidad al zoo, al circo, al hipódromo, a corridas de toros, viste pieles, compra aves exóticas, caza y pesca por diversión........a la vez. Todo el mundo prescinde, conscientemente o no, de una o varias de estas situaciones. Y mucha gente asume como un estilo de vida el boicot permanente a todas y cada una de las realidades mencionadas. Por todo ello, difícilmente pueden legitimarse, si no es desde el más burdo egoísmo y la más grosera arrogancia.
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El Movimiento Animalista es, ante todo, un Movimiento de Reforma Moral. El más significativo que exista en la actualidad o que haya existido alguna vez en la historia de la Humanidad. Esto es así en la medida de que un triunfo de sus tesis acabaría con una cantidad de sufrimiento y dolor gratuito sobradamente mayor que el triunfo de cualquier otro movimiento de carácter solidario. El número de individuos implicados y el grado de violencia que se ejerce sobre ellos vuelven a adquirir aquí una importancia teórica crucial. La ideología animalista aspira a una relación entre humanos y animales basada en el respeto y la consideración hacia éstos, y no en la explotación masiva y el desprecio más absoluto de sus intereses, tal y como sucede en la actualidad.
 Las diferentes corrientes teóricas dentro de la defensa y protección de los animales muestran notables diferencias. Por utilizar un baremo comprensible, las distintas posturas van desde el mascotismo (cuyos adeptos difícilmente pueden ser calificados de animalistas, dado que su único interés pasa por el cuidado extravagante de los animales a su cargo), hasta el liberacionismo (orientado a lograr una sociedad en la que no se recurra a ninguna forma de explotación animal). Entre ambos extremos, nos encontramos con dos tendencias muy populares, como son la proteccionista (históricamente limitada a los llamados animales de compañía desde posturas en cierta forma paternalistas, aunque por fortuna cada vez menos) y la bienestarista (que trata de conciliar la utilización de los animales como recursos humanos con un mínimo bienestar durante su explotación).
La organización ATEA se enmarca dentro de la vía liberacionista (también llamada abolicionista), aunque en ningún momento olvidamos la importancia que tiene cualquier otra forma de ver la defensa de los animales, ni la eficacia a la hora de transmitir el mensaje, con lo que, en ocasiones, entendemos que se debe adoptar un discurso equilibrado si se quieren obtener resultados positivos.
Especial atención merece la estrategia seguida hasta ahora por el movimiento animalista y, consecuentemente, la reflexión objetiva y rigurosa que debe seguirse de ello. En tal sentido, y salvo que estemos condicionados por una predisposición natural al optimismo, no resulta fácil identificar logros importantes dentro de la historia de la defensa y protección de los animales en España. Después de casi tres décadas, durante las cuales el movimiento se ha multiplicado notablemente en grupos y activistas, algo tan rechazado por la ciudadanía como el abandono de animales de compañía sigue constituyendo una lacra en todo el país, donde cada año docenas de miles de inocentes deben ser sacrificados ante la inexistencia de otra alternativa más esperanzadora. Y las corridas de toros, con toda su carga de crueldad real y simbólica, siguen siendo hoy una realidad al menos tan sólida como hace veinte años, a pesar de que buena parte de las energías y los recursos del movimiento han ido dirigidos a condenar esta lacra cultural. Con toda seguridad, no sería justo adoptar una postura crítica hacia un colectivo de personas que emplean su tiempo y hasta su dinero en una causa solidaria cuya única recompensa es de índole emocional y ética. Pero, al mismo tiempo, y vista la cruda realidad ante la que nos encontramos, parece razonable la urgencia de revisar lo andado y de, si procede, asumir una postura autocrítica, siempre con los intereses de los animales como fin último.
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