Estos dos factores resultan de vital importancia a la hora de evaluar la naturaleza criminal de nuestro comportamiento agresivo hacia los demás en general y hacia los animales en particular.

Que no podemos hacer la misma valoración ante diferentes actos violentos lo demuestra el hecho de que determinadas formas de agresión son aceptadas por la sociedad en pleno, y por la realidad jurídica como reflejo de la misma. La violencia queda justificada cuando es legítima. Pero, ¿cuándo podemos estar en disposición de afirmar que algo objetivamente indeseable  y cuyos efectos son siempre perniciosos como causar daño, se vuelve comprensible hasta el aplauso? Parece claro que estamos hablando de legítima defensa, bien esté orientada a salvaguardar intereses propios o ajenos. Si existen verdades universalizables, ésta debe ser sin duda una de ellas. Cualquiera de nosotros entendería que alguien agreda a otro si éste afecta de manera clara e injusta a su seguridad o a la de los suyos. Y  se espera de un juez imparcial que asuma la legítima defensa como eximente a la hora de emitir el veredicto. No importa que el agresor sea perro o albañil, león o doctora, serpiente o frutero. La legítima defensa, siempre que se utilice un grado de violencia proporcionado a la situación, queda legitimada.

Uno de los factores que agravan el hecho cotidiano y palpable de la agresión institucionalizada a los animales pasa por el reconocimiento de que, en la práctica totalidad de los casos,  no se puede culpar a sus protagonistas de nada. Los corderos no nos atacan como para que tengamos que defendernos de ellos cortándoles el cuello. Las perdices no afectan a nuestros intereses primarios como para emprenderla a tiros con ellas. Los caballos a los que obligamos a competir en las carreras hasta el límite de sus fuerzas no nos han hecho nada que justifique tal castigo. Muy al contrario, si de autodefensa cabría hablar, sólo podría hacerse cuando el toro empitona a su torturador y lo lanza por los aires para que le deje en paz. La cruda realidad es que sojuzgamos y matamos a los animales porque nos creemos con el derecho a hacerlo, en función de algo tan inconsistente como es pertenecer a una especie determinada. Es así de simple e indignante.

Pero existe todavía un elemento teórico más para condenar la agresión diaria a los animales: el severo estado de indefensión en el que se encuentran. Y se trata, además, de una indefensión que rebasa lo físico y se sustenta en lo intelectual. Un ejemplo puede ayudarnos a entenderlo. Intentemos denunciar un caso de malos tratos ante la policía, y cuando el agente de turno nos pida la descripción del perro o gato víctima de los gamberros, respondámosle que se trata de toros y que los hechos transcurren en una plaza redonda llena de público. Seremos nosotros los denunciados por gastar bromas a las fuerzas del orden.

Si la víctima de un acto de violencia, independientemente de su sexo, edad o especie, es inocente, tal acto se convierte en injustificado. Y si a ello añadimos el hecho de que se encuentra indefensa, estamos sin ningún género de dudas ante un comportamiento perverso.